Venezolano demanda a Estados Unidos por $1.3 millones tras ser deportado al CECOT en El Salvador
“Quiero limpiar mi nombre”: venezolano demanda a EE.UU. tras pasar meses en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Tatiana Matos Veloz
· 1 min de lectura

Los Ángeles- Un ciudadano venezolano, Neiyerver Adrián León Rengel, demandó al gobierno de Estados Unidos por 1.3 millones de dólares, alegando daños y perjuicios tras ser deportado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, en lo que se perfila como el primer caso de este tipo presentado por un migrante enviado a un tercer país.
La demanda sostiene que la administración del presidente Donald Trump violó su derecho al debido proceso, lo identificó erróneamente como miembro de una pandilla y lo envió ilegalmente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Según el recurso legal, León Rengel fue vinculado a la organización criminal Tren de Aragua únicamente por sus tatuajes, pese a que contaba con estatus migratorio en trámite y una audiencia pendiente en corte de inmigración.
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El venezolano asegura que durante su detención en el CECOT permaneció incomunicado y fue víctima de abusos físicos y psicológicos, además de condiciones inhumanas de reclusión.
“Quiero limpiar mi nombre; quiero demostrar quién soy”, expresó, al aclarar que no busca regresar a Estados Unidos.
León Rengel ingresó al país en 2023 mediante la aplicación CBP One, impulsada durante la administración del expresidente Joe Biden, mientras tramitaba una solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS).
El migrante fue detenido en Texas en marzo de 2025 y posteriormente deportado, a pesar de contar con documentación migratoria activa, según la demanda.
Tras permanecer varios meses encarcelado en El Salvador, fue enviado de regreso a Venezuela en julio de 2025 como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos gobiernos.
Organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos han denunciado previamente que varios migrantes fueron deportados sin el debido proceso en casos similares.
El caso podría sentar un precedente legal para otros migrantes que alegan haber sido deportados injustamente bajo políticas migratorias recientes.
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