Proyecto busca sacar a los muertos del registro electoral en solo 25 días

El Capitolio – ¿Cuántos muertos siguen votando en Puerto Rico? Esa es la pregunta que busca atajar un nuevo proyecto legislativo que pretende obligar a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a eliminar del registro electoral a personas fallecidas en un plazo máximo de 25 días.

La representante Swanny Enit Vargas Laureano, junto a la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, presentó el Proyecto de la Cámara 1287, una medida que surge en medio de denuncias sobre miles de electores fallecidos que presuntamente permanecieron activos en las listas durante las elecciones de 2024.

Según las legisladoras, análisis periodísticos apuntaron a que cerca de 6,000 personas muertas todavía figuraban en el registro electoral a menos de 24 horas de los comicios, alimentando sospechas y cuestionamientos sobre la transparencia del sistema.

La propuesta obligaría al Registro Demográfico y a la CEE a mantener una comunicación automática y constante para depurar las listas electorales sin excusas ni retrasos burocráticos.

De aprobarse, los registradores distritales tendrían que enviar mensualmente los datos de defunciones durante los primeros 15 días de cada mes, mientras la CEE contaría con apenas 10 días adicionales para borrar oficialmente a los fallecidos del padrón.

Además, el proyecto exige informes semestrales a la Asamblea Legislativa y ordena al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) implementar mecanismos seguros de intercambio de información bajo estándares de ciberseguridad.

“Este proyecto llena un vacío operacional crítico”, sostuvieron las legisladoras al comparar la medida con el sistema que actualmente obliga a cancelar automáticamente licencias de conducir y marbetes tras una defunción.

Para Vargas Laureano, mantener nombres de fallecidos en las listas electorales no solo afecta la credibilidad del proceso, sino que abre la puerta a dudas sobre posibles irregularidades electorales.

La medida busca entrar en vigor de inmediato para que el mecanismo de depuración continua esté activo antes de las próximas elecciones.

Ahora, el controversial proyecto deberá pasar a evaluación de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.