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Martes, 20 de octubre de 2026
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Operación federal expone fraude en criptoinversiones y red criminal con armas en San Germán

Autoridades coordinan ofensiva contra crimen financiero y tráfico de drogas en Puerto Rico

Redacción Digital

· 1 min de lectura

Operación federal expone fraude en criptoinversiones y red criminal con armas en San Germán

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San Juan – El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra Michael Shannon Sims y Juan Carlos Reynoso, señalados por liderar una estafa global a través de la empresa OmegaPro que defraudó a inversionistas por más de 650 millones de dólares. En un caso separado, 16 personas fueron acusadas por narcotráfico y delitos relacionados con armas en San Germán.

Según las autoridades federales, Sims fundó OmegaPro en 2019 y Reynoso dirigía sus operaciones en América Latina, incluyendo Puerto Rico. Se alega que ambos promovieron falsas inversiones en criptomonedas y divisas, y desviaron cientos de millones de dólares de víctimas alrededor del mundo.

“Los acusados se aprovecharon de personas vulnerables en Estados Unidos y en el extranjero, estafándoles por más de 650 millones de dólares con falsas promesas de ganancias sustanciales”, indicó Matthew Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.

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Por otro lado, un gran jurado federal imputó cargos a 16 miembros de una organización criminal que operaba en el residencial público Manuel F. Rossy, en San Germán. Los acusados enfrentan denuncias por conspiración para distribuir crack, cocaína, fentanilo y marihuana, así como por posesión de armas de fuego en el marco de sus operaciones.

“El pliego acusatorio alega que esta organización criminal operaba puntos de drogas desde apartamentos asegurados y castigaba con violencia a quienes violaban sus reglas”, expresó el fiscal federal W. Stephen Muldrow.

Ambos casos forman parte de las iniciativas federales Operation Take Back America y Summer Heat, dirigidas a combatir el fraude financiero, el crimen organizado y la violencia en comunidades vulnerables mediante esfuerzos conjuntos entre agencias federales, estatales e internacionales.

Los acusados enfrentan cargos que podrían resultar en condenas de entre 10 años y cadena perpetua, de ser hallados culpables.

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