Miami aprueba polémico acuerdo con ICE para arrestar a migrantes pese a protestas

Miami – En una decisión que ha generado fuerte indignación entre organizaciones civiles y residentes, la ciudad de Miami aprobó este martes un acuerdo que permitirá a su Departamento de Policía colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y entregar a migrantes indocumentados.

Con una votación dividida de 3 a 2, los comisionados municipales dieron luz verde al convenio conocido como 287(g), que convierte a los agentes locales en colaboradores activos de ICE. La medida ha sido severamente criticada por su impacto en comunidades vulnerables, en una ciudad donde más del 50 % de la población es extranjera y el 70 % se identifica como hispano o latino.

“Convertir a la policía local en agentes de inmigración bajo el acuerdo 287(g) es peligroso para Miami. Esta es una ciudad construida por inmigrantes”, denunció Dariel Gómez, de la ACLU, una de las organizaciones que encabezaron las protestas frente al Ayuntamiento.

Carteles con frases como “ICE es la nueva Gestapo”, “Detengan los secuestros” y “Las familias merecen estar juntas” marcaron el tono de la oposición durante la jornada.

El jefe de la Policía de Miami, Manny Morales, defendió la medida asegurando que el estado los obliga a cumplir con este tipo de acuerdos o enfrentar recortes en fondos estatales. Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, ha adoptado una política migratoria agresiva, siendo el único estado con un oficial de enlace permanente con ICE.

No obstante, defensores de derechos civiles advirtieron que el convenio puede derivar en perfiles raciales, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos constitucionales. “Estos acuerdos son peligrosos, discriminatorios y caros. La ley no obliga a firmarlos”, aseguró Will Mann, del Community Justice Project.

El impacto del acuerdo se suma a otra polémica pendiente: el condado de Miami-Dade aún debe votar sobre un pacto con ICE que permitiría a la agencia pagar para detener migrantes hasta 48 horas en cárceles locales, con acceso y control casi total sobre la información de los detenidos.

La votación sobre ese segundo acuerdo está prevista para el próximo 26 de junio.