Justicia federal frena intento de Trump de desafiar a jueces en materia migratoria

Washington – Un juez federal de Estados Unidos desestimó este martes la demanda presentada por el Departamento de Justicia contra quince jueces de Maryland, quienes habían emitido una orden que frena las deportaciones durante al menos 48 horas, a fin de revisar la legalidad de las detenciones de migrantes.

El magistrado Thomas Cullen, nominado por Donald Trump durante su primer mandato, concluyó que la querella del Gobierno carecía de fundamento legal y que los jueces son inmunes a este tipo de acciones judiciales. La demanda había sido interpuesta en mayo con el objetivo de invalidar la orden emitida por el Tribunal de Distrito de Maryland, la cual obliga a garantizar un periodo mínimo de 48 horas antes de que un extranjero detenido pueda ser deportado.

“Cualquier lectura imparcial de las autoridades legales citadas por los demandados lleva a la ineludible conclusión de que este tribunal no tiene otra alternativa que desestimar el caso”, señaló Cullen en su fallo, subrayando que desconocer este principio “ofendería el estado de derecho” y el respeto a la tradición constitucional.

El juez destacó que la Administración Trump, si desea revertir la orden, debe recurrir a un procedimiento distinto y no atacar directamente a los magistrados por sus decisiones judiciales. Además, advirtió que el intento del Ejecutivo por desacreditar a jueces que fallan en su contra constituye un precedente “lamentable”.

La fiscal general Pam Bondi había asegurado que la orden judicial “socava” la autoridad presidencial, y denunció que desde el regreso de Trump al poder han sido frecuentes los bloqueos judiciales contra su política migratoria.

El Tribunal de Maryland ha sido escenario de varias resoluciones contrarias a las deportaciones aceleradas. En uno de los casos recientes, el salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error, recibió la garantía de permanecer al menos 48 horas bajo protección antes de cualquier nueva orden de expulsión.

El fallo supone un nuevo revés para la estrategia migratoria del Gobierno de Trump, que acumula múltiples choques con los tribunales federales en su intento por acelerar las deportaciones.