Estudiantes indocumentados pierden derechos tras revocación de ley Dream

Estados Unidos – El Gobierno del presidente Donald Trump adelanta un plan nacional para desmantelar las ayudas a estudiantes indocumentados en universidades públicas, lo que organizaciones educativas consideran parte de una campaña más amplia contra la educación pública y los derechos de estudiantes y profesores.

Durante una conferencia de prensa este martes, representantes de la Asociación Nacional de Educación (NEA), la Asociación de Maestros del Estado de Texas, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el grupo United We Dream denunciaron que el Departamento de Justicia (DOJ) ha emprendido acciones legales para revocar beneficios educativos estatales en al menos tres estados: Texas, Kentucky y Minnesota.

“Son parte de un ataque coordinado más amplio destinado a socavar la educación pública como un bien común”, afirmó Gladys Fátima Márquez, miembro del Comité Ejecutivo de la NEA.

En el caso de Texas, la administración Trump logró el mes pasado que un juez federal suspendiera temporalmente la ley estatal Dream, vigente desde 2001, que permitía a ciertos jóvenes indocumentados pagar matrícula estatal en universidades públicas. La medida podría afectar a unos 73,000 estudiantes.

El DOJ argumentó que el programa “discrimina” a ciudadanos estadounidenses al otorgar beneficios financieros a inmigrantes indocumentados. Como consecuencia, el estado de Texas ordenó a sus universidades identificar a los estudiantes que reciben estos beneficios, con miras a exigirles el pago completo de matrícula en el semestre de otoño.

“La Casa Blanca busca controlar lo que creen los estudiantes y manipular la realidad”, advirtió Márquez.

Rory, una estudiante de psicología que pidió mantener el anonimato, expresó que se siente despojada del derecho a soñar: “El DOJ considera que estudiantes como yo no merecen oportunidades, no son aptos para liderar ni vivir el sueño americano”.

Organizaciones defensoras criticaron al gobernador de Texas, Greg Abbott, y al fiscal estatal Ken Paxton, por no defender la ley en los tribunales y llegar a un acuerdo con el Gobierno federal sin consultar a las universidades, estudiantes ni comunidades.

Desde la ACLU de Texas, la abogada Valeria Alvarado afirmó que la eliminación de la ley fue una decisión “sin respeto al proceso legislativo”.

Tras la victoria en Texas, el DOJ también ha impugnado leyes similares en Kentucky y Minnesota. Mientras en Kentucky se anticipa una posible victoria para el Gobierno federal, en Minnesota se prevé una fuerte resistencia por parte del gobernador Tim Walz, quien ha sido una voz crítica contra la administración Trump.

Estados como California e Illinois también cuentan con programas que benefician a estudiantes indocumentados, por lo que el plan del Gobierno federal podría expandirse aún más. Organizaciones educativas también alertaron sobre el riesgo de una creciente militarización en los campus universitarios.

Se ha hecho un llamado al sector privado y organizaciones comunitarias en Texas para que provean apoyo económico a los estudiantes afectados mientras continúa la batalla legal.