Estados Unidos: drogas que descertifican países
Estados Unidos emite su lista de países señalados por traslado de drogas ilícitas.
Ricardo Currás
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Por Ricardo Currás
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Estados Unidos – La administración de Donald Trump ha publicado la lista de países a los cuales se les atribuye producir y transportar drogas ilícitas a los Estados Unidos.
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La llamada «Major’s List» o «Descertificación», para los países hispanoamericanos, es una resolución presidencial anual que envía el ejecutivo de la Casa Blanca al Congreso de la nación cada septiembre.
Su trasfondo está en la Ley de Asistencia Exterior de 1961 sobre las regulaciones a los programas de ayuda militar y económica a otras naciones. Allí se definió que «país principal productor de drogas ilícitas y país principal de tránsito de drogas» son lugares donde los cultivos ilícitos de adormidera (opio), cocaína y cannabis sean transportados hacia los Estados Unidos. La lista per se remonta a 1986 y así determinar qué países no recibirán colaboración financiera.
En esta ocasión 23 fueron los enlistados: Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Bolivia, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Panamá, Pakistán, Perú, República Dominicana y Venezuela.
En el criterio unilateral de Washington, aunque no una sentencia de muerte, porque se da espacio a correcciones, la enumeración de estos territorios responde a factores comerciales y geográficos que viabilizan la producción y tránsito de drogas y sustancias químicas, pese a los acuerdos antinarcóticos.
Como se muestra, 13 son de la América hispana, pero cinco reciben una marca especial, porque para Estados Unidos «han fallado, de manera demostrable, en hacer esfuerzos sustanciales». Ellos son: Afganistán, Birmania, Bolivia, Colombia y Venezuela.
El contexto invita a tener en cuenta varias observaciones. Primero, el documento concurre en tiempo cuando los Estados Unidos lleva a cabo un despliegue militar en aguas del Caribe contra Venezuela y bombazos a embarcaciones pequeñas detectadas con droga ilícita.
Sobre esto, Donald Trump denuncia que hay una amenaza e invoca tres de las fuerzas que conforman el discurso político estadounidense. En esencia peligran la seguridad nacional, la política exterior y los intereses nacionales estadounidenses.
Segundo, se admite la adicción, pero no el consumo. Cuando uno revisa la Declaración de Prioridades sobre Política de Drogas (abril, 2025) los Estados Unidos está perdido en una crisis de opioides por la proliferación de fentanilo ilícito y demás drogas artificiales en «proporciones epidémicas». La metanfetamina, la xilacina, la cocaína y la heroína contribuyen a la «adicción generalizada y a las muertes por sobredosis».
Según la estadística, los estadounidenses entre 18-44 se están muriendo por culpa del «crimen organizado transnacional». La denuncia señala que lo que entra es la causa del problema de salud pública, ya que para el 2024 se registraron un aproximado de 200 muertes diarias por drogas ilícitas. Pero el documento no revela qué, dónde, cómo y cuánto se produce y consume ilícitamente en los Estados Unidos.
Tercero, la valoración que descertifica es un tanto problemática en el hemisferio occidental por las repercusiones políticas de estrategia. Y me refiero al debate de influencias entre Estados Unidos y China. Por ejemplo, Colombia, un país aliado de Estados Unidos, tiene un presidente que no es sumiso y dócil a Washington, y que ya tocó a la puerta de los chinos. Como muestra la historia, Gustavo Petro es vocal y frontal ante la injerencia extranjera. Anticipó y protestó la descertificación.
De manera que para el gobierno de Trump el que Colombia, presuntamente, haya «incumplido» se debe al liderato político. Varios reportes recogen el aumento en los cultivos y la producción de cocaína en territorio colombiano una vez Petro accede al poder (Freeman y Holmes, Council on Foreign Relations, julio-2025). Sin embargo, desde la Presidencia colombiana la explicación está en la diferencia de métodos.
La administración de Gustavo Petro expone que se ha optado por una «erradicación voluntaria» de las hectáreas de cocaína. En gobiernos pasados y obedientes a Estados Unidos, el enfoque era la «erradicación forzosa». Es decir, arrojar glifosato sobre los cultivos, pero se estaba envenenando al campesinado pobre y contaminando ríos.
Así como Donald Trump defiende la vida de los estadounidenses frente a las sustancias ilícitas, Petro asume la defensa de las suyas y legitima la soberanía colombiana. De paso, le advierte a Washington que es en Miami donde está la extrema derecha colombiana operando en alianza con narcotraficantes y políticos.
En el caso de Venezuela, pareciera ser que Nicolás Maduro tiene los días contados desde la perspectiva de la inteligencia estadounidense. Caracas no es sólo su asociación con el narcotráfico, su colaboración comercial y armamentística con el gobierno de Irán ha irritado a los Estados Unidos y aquí pudiera estar el jaque mate.
Evidentemente se está ante una situación geopolítica, porque, como campo de problematización, se muestra cómo la dimensión espacial y naval es vinculada a las fuerzas de poder. La droga, el narcotráfico, los transportistas, las muertes, las denuncias de gobiernos asociados a la producción y transporte ilícito, la narrativa de buenos y malos, la violencia social, el consumo de sustancias, la seguridad en las fronteras y otros, son componentes envolventes de un problema mundial de oferta y demanda.
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