Sigue creciendo la oposición a proyecto que aumentaría costo de celular, internet y otros servicios de telecomunicaciones

San Juan- La oposición a un proyecto de ley que, según la industria de telecomunicaciones aumentaría el costo del servicio de teléfonos celulares en el país y otros servicios relacionados a la tecnología, sigue aumentado. Mientras la primera ejecutiva, Jenniffer González ha dicho en más de una ocasión que se inclina a no firmar la medida, se siguen sumando sectores que le urgen a no hacerlo. González Colón tiene hasta el 6 de agosto para firmar el proyecto. De no hacerlo, se entendería que lo vetó, en lo que se conoce como un “veto de bolsillo”. Esto es una maniobra jurídica en la que un jefe de gobierno evita que un proyecto se convierta en ley sin usar un veto formal y sin tener que explicar porque determinó no imprimirle su firma.

Mucho mas allá de aumentar la tarifa por teléfonos celulares, los sectores afectados han mostrado preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre el mundo de las telecomunicaciones y, al final, sobre el consumidor. “No hay un estudio económico, de impacto o un cálculo de lo que van a conseguir”, expresó a Punto Digital, Enrique Ortiz de Montellano, secretario de Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) y Principal Oficial Ejecutivo Claro Puerto Rico, el proveedor de telecomunicaciones más grande de Puerto Rico y que sirve más de 1.7 millones de clientes de servicio alámbrico, inalámbrico, transmisión de data y televisión paga. Según la APT, de convertirse en ley, la medida tendría un efecto nocivo sobre el desarrollo económico y “compromete la competitividad de Puerto Rico”, confirmó Pedro G. Andrés, presidente de la organización.

A medida que pasan los días, más entidades se unen al coro de voces en contra del proyecto de ley 615. “Al pretenderse ampliar la definición de ‘Canales de Voz’, haciéndolo extensivo a los teléfonos celulares, con el Proyecto del Senado 615 se busca imponer un impuesto sobre los más de 4 millones de teléfonos celulares que operan en la Isla. Esta medida propuesta no sólo se traduce en un intento más de seguir golpeando el ya castigado bolsillo de los consumidores, sino que también, ampliará la brecha digital, alejándonos del tan necesario acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, que se requieren en estos tiempos”, expresó Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. En esa misma línea, el CPA Kenneth Rivera-Robles hizo un llamado a la prudencia fiscal. “Nuestro sistema contributivo es demasiado caro y no debe darse el lujo de aumentar las cargas impositivas sin un análisis riguroso. Esto es particularmente importante en sectores clave como las telecomunicaciones, que son esenciales en nuestro entorno social y económico”, dijo Rivera.

Punto Digital supo que, si bien la gobernadora no se ha reunido con la industria de las telecomunicaciones, líderes del sector han advertido a sus asesores sobre el impacto estimado de la medida. De hecho, Gail Nolan, CEO de PR 5G Zone Inc., alertó sobre el efecto que tendría el PS 615 en el clima de inversión y desarrollo económico en la isla. “El crecimiento económico depende de políticas favorables para los negocios. El ‘costo de hacer negocios’ en una región está determinado en gran medida por factores básicos como la mano de obra, los permisos, el costo de los bienes y los servicios públicos. Puerto Rico, como isla, enfrenta desafíos inherentes en el costo de bienes relacionados con el transporte, así como en el costo y la resiliencia de los servicios energéticos. Estos retos han sido contrarrestados por tasas laborales favorables y capacidades y tarifas competitivas para la transferencia de datos. Las mejoras recientes en los procesos de permisos han convertido a Puerto Rico en un destino atractivo para hacer negocios, a pesar de los retos mencionados. El Proyecto del Senado 615 amenaza con revertir esta posición favorable y, por el contrario, perjudicar gravemente los esfuerzos de desarrollo empresarial en la isla”, aseguró Nolan en declaraciones escritas.

Un aspecto poco discutido hasta ahora es el impacto social que tendría esta medida. En ese sentido, el vicepresidente del Internet Society Puerto Rico, Alfredo Calderón expresó que “el acceso universal y asequible a Internet es un pilar fundamental para el desarrollo educativo, social y económico. Iniciativas que incrementen los costos, como nuevos impuestos, limitan las oportunidades de educación, empleo y participación ciudadana, y atentan contra la equidad digital en Puerto Rico”.

Otra de las inquietudes respecto a este proyecto es dificultar el acceso de la ciudadanía a servicios que son medulares para su bienestar.  “Imponer un impuesto basado en el uso del término ‘canal de voz’ no solo es técnicamente obsoleto y jurídicamente ambiguo, sino que también pone en riesgo la inclusión digital y podría encarecer servicios públicos esenciales como el 911 o la telemedicina. Este tipo de medidas fiscales desincentiva la inversión en redes modernas, contradice los principios de conectividad universal promovidos tanto por Puerto Rico como por los Estados Unidos, e ignora las mejores prácticas internacionales definidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones”, afirmó José F. Otero, director ejecutivo de la organización.

El hecho de que, según la industria, el proyecto no especifica como se va a medir o bajo que parámetros se calcularía el impuesto hace que no sea “transparente, es amplísimo” agregó, Ortiz de Montellano, secretario de la Alianza quien recordó que el impuesto aplicaría al costo del internet, televisión, tabletas, módems, relojes inteligentes entre otros. Solo en la tarifa de los teléfonos celulares el consumidor promedio vería un aumento de 30 a 50 dólares por cada línea.

El PS 615 fue aprobado por la Legislatura sin consultas ni vistas públicas, lo que resulta altamente preocupante para muchas organizaciones en la isla.  “A la luz de las disposiciones contenidas en el P. del S. 615, la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), enfatizo la importancia de un entorno regulatorio claro, técnicamente preciso y que no imponga cargas contributivas desproporcionadas a sectores productivos como las telecomunicaciones, agrego su presidente, Rafael Vélez Domínguez. Otro de los sectores que se unió a la oposición al Proyecto del Senado 615 es la Asociación de Comercio al Detal, “las telecomunicaciones, en particular, son un elemento vital para nuestras empresas, la vida cotidiana, la provisión de servicios esenciales y el manejo de emergencias», declaró su presidente José González.