¿Se traducirá en una factura más baja? Nueva oferta para saldar la deuda de la AEE no garantiza alivio inmediato
La oferta no implica, por ahora, una reducción en la tarifa ni mejoras inmediatas en el servicio.
Mardelis Jusino
· 1 min de lectura

San Juan – Si usted esperaba que la nueva oferta de la Junta de Supervisión Fiscal para resolver la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) significara una factura de luz más baja o un servicio más confiable, la respuesta, al menos por ahora, es no.
La Junta anunció una propuesta de $3,000 millones dirigida a un grupo de bonistas que aún no ha aceptado el plan de reestructuración de la deuda de la AEE. El objetivo es poner fin a uno de los procesos de quiebra más prolongados de Puerto Rico y reducir la incertidumbre sobre las finanzas de la corporación pública.
Sin embargo, la medida no cambia la tarifa eléctrica, no representa un descuento para los clientes y tampoco garantiza menos apagones o una mejora inmediata en el servicio.
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La Junta informó que la oferta contempla una combinación de efectivo y nuevos bonos para los acreedores, pero admitió que todavía no existe una fuente definitiva para cubrir esos pagos, por lo que el impacto final para los consumidores aún está por definirse.
¿Entonces por qué importa?
Resolver la quiebra de la AEE podría facilitar la planificación financiera del sistema eléctrico y eliminar parte de la incertidumbre que ha complicado las inversiones en la red durante los últimos años.
No obstante, expertos han advertido que la forma en que finalmente se pague esa deuda será determinante para saber si los clientes enfrentarán o no costos adicionales en el futuro.
El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, sostuvo que la meta es cerrar «el último capítulo» de la crisis fiscal de Puerto Rico.
La propuesta elevaría la recuperación de los bonistas que no han aceptado acuerdos previos de aproximadamente un 19% a un 35% de sus reclamaciones.
La AEE mantiene más de $10,000 millones en deuda con acreedores no relacionados con pensiones, entre ellos bonistas, prestamistas de combustible y acreedores no asegurados.
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