Radiografía de un sistema quebrado: qué dicen los datos sobre el estado real de la AAA y qué le espera a Puerto Rico

San Juan, — El racionamiento que arrancó el 7 de agosto para más de 180,000 clientes del embalse Carraízo no es, según la evidencia técnica disponible, principalmente un problema de lluvia. Es la manifestación más visible de una falla de infraestructura documentada por ingenieros, auditores y la propia agencia desde hace más de una década, agravada ahora por la sequía más severa que ha enfrentado la zona metropolitana en más de un siglo.

El diagnóstico de los ingenieros: «D» desde 2019

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) evaluó por última vez de forma detallada la infraestructura de Puerto Rico en su informe de 2019, y le otorgó una calificación de «D» al sistema de agua potable, «D+» al de aguas sanitarias y «D+» a las represas, para un promedio general de infraestructura de «D-» en toda la isla. Una hoja informativa de ASCE actualizada en 2026 mantiene ese diagnóstico y cuantifica la necesidad de inversión no atendida en $3,900 millones para agua potable y $3,000 millones adicionales para alcantarillado sanitario.

El dato que más preocupa a los ingenieros es el del agua no contabilizada (Non-Revenue Water): el volumen de agua que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) produce y bombea, pero que no genera ingresos porque se pierde por fugas, errores de medición, conexiones ilegales u otros usos no facturados antes de llegar al consumidor. Según la American Society of Civil Engineers (ASCE), ese indicador ronda el 59%, una leve mejoría frente al 62% reportado cinco años antes. Otras fuentes, como el Plan Fiscal de la AAA certificado por la Junta de Supervisión Fiscal en 2023 y estudios técnicos previos, sitúan la cifra entre 58% y 65%. La AAA, por su parte, ha sostenido que no toda esa agua corresponde a fugas físicas, ya que el indicador también incluye consumos autorizados no facturados y otras pérdidas operacionales, por lo que estima que las pérdidas directamente atribuibles a la corporación son menores.

Para poner esas cifras en perspectiva, la literatura técnica utilizada por la industria del agua indica que los sistemas urbanos mejor gestionados suelen mantener pérdidas por debajo del 20%, mientras que redes con pérdidas superiores al 35% reflejan problemas significativos de infraestructura y control de fugas. Si se toma como referencia el 65% de agua no contabilizada reportado en el Plan Fiscal, la brecha entre la AAA y un sistema altamente eficiente es considerable.

La capacidad de un sistema para enfrentar una sequía no depende únicamente del nivel de sus embalses, sino también de cuánta agua deja de llegar a los consumidores durante el proceso de distribución. En términos prácticos, un sistema con pérdidas cercanas al 60% debe producir aproximadamente 2.5 galones de agua para que uno solo llegue al cliente, lo que incrementa la presión sobre los embalses y los costos operacionales.

El Plan Integral de Recursos de Agua de Puerto Rico concluye que reducir las pérdidas en la red de distribución permitiría disminuir la extracción de agua de embalses como Carraízo y La Plata, aumentando su capacidad para sostener el suministro durante periodos prolongados de sequía. En otras palabras, cada galón recuperado mediante la reparación de fugas o la modernización de la infraestructura es un galón que no tiene que extraerse de los embalses, lo que ayuda a conservar las reservas y puede retrasar la necesidad de imponer medidas como el racionamiento.

Punto Digital solicitó una reacción del presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, sobre los hallazgos expuestos en esta historia, incluyendo el nivel de agua no contabilizada, las pérdidas en el sistema y las acciones para reducirlas. Al momento de esta publicación, la corporación pública no había respondido.

Represas envejecidas y embalses con menos capacidad de la que aparentan

El propio informe de ASCE señala que varios de los embalses de abasto de agua más importantes de la isla han perdido entre 30% y 60% de su capacidad original de almacenamiento debido a la sedimentación acumulada por décadas. Puerto Rico tiene 37 represas; el 97% están clasificadas como de «alto potencial de peligro» —es decir, que una falla probablemente causaría pérdida de vidas—, y aunque el 81% de las represas se reportan en condición satisfactoria, la oficina estatal de seguridad de represas carece de fondos para realizar los estudios sísmicos e hidráulicos necesarios para confirmar esas condiciones con rigor.

El dragado —remover los sedimentos acumulados para recuperar capacidad— ha sido identificado repetidamente como una de las soluciones más urgentes. El profesor Rafael Méndez Tejeda, climatólogo de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), explicó recientemente a El Diario NY, que el dragado reciente de Carraízo se hizo solo en dos o tres puntos, añadiendo capacidad para apenas cinco a siete días adicionales: «lo que se hizo fue arañar, no se hizo un trabajo a profundidad».  

Sin monitoreo en tiempo real hasta este año

Uno de los hallazgos más señalados en la cobertura mediática reciente es que, hasta un paquete de fondos federales de $15.8 millones anunciado en febrero de 2026, la AAA operaba su infraestructura crítica sin un sistema SCADA (monitoreo y control de supervisión en tiempo real). En la práctica, esto significaba que los operadores se enteraban de roturas de tuberías después del hecho, no de forma preventiva, según reportó la semana pasada el medio especializado “Tech Times”. Esa falla de monitoreo ayuda a explicar por qué la ruptura del Superacueducto de 72 pulgadas en Bayamón, en junio de 2026 —que dejó a más de 120,000 clientes con presión baja o sin servicio— tomó tiempo en diagnosticarse con precisión.

Esa misma cadena de fallas se remonta a agosto de 2025, cuando dos bombas críticas de 10 millones de galones diarios en la estación Finca Rosso I, en Bayamón, se dañaron por fluctuaciones eléctricas. La AAA declaró una emergencia, pero la Junta de Supervisión Fiscal no aprobó el financiamiento para reemplazarlas hasta noviembre de ese año, y las reparaciones no se completaron hasta julio de 2026 —casi un año después de la falla original.

Décadas de incumplimiento regulatorio

La AAA opera bajo vigilancia federal desde hace 26 años. El primer decreto de consentimiento se remonta a diciembre de 2000, cuando la EPA y el Departamento de Justicia federal resolvieron violaciones de la Ley de Agua Limpia en 23 plantas de agua potable y de la Ley de Agua Potable Segura en 20 sistemas adicionales, con una multa de $550,000 y $490,600 en proyectos ambientales complementarios.

En 2006, el Departamento de Justicia acusó formalmente a la agencia de 15 cargos criminales por violar la Ley de Agua Limpia, obligándola a pagar $10 millones en multas y a invertir cerca de $1,700 millones en mejoras a sus 61 plantas de aguas sanitarias durante 15 años. En 2010, un tercer decreto de consentimiento resolvió violaciones adicionales a la Ley de Agua Potable Segura (en 3 plantas, por incumplir la Regla de Tratamiento de Agua Superficial) y a la Ley de Agua Limpia (descargas sin permiso en 19 plantas y violaciones de permisos en al menos 102 plantas), con un programa adicional de mejoras de $195 millones en 126 plantas de agua potable.

El más grande de todos llegó en 2015-2016: el gobierno federal demandó a la AAA por violaciones en 52 plantas de tratamiento de aguas sanitarias, 768 estaciones de bombeo y 119 plantas de agua potable, lo que resultó en un decreto de consentimiento en mayo de 2016. Tras los huracanes Irma y María, ese decreto se modificó en 2023 para añadir 17 proyectos nuevos por $534 millones, elevando la inversión total bajo ese acuerdo a más de $1,200 millones, con plazos de cumplimiento que se extienden hasta 2027-2028 — es decir, sigue vigente hoy.

Una crisis con historial: 1994, 2015, 2019, 2020… y 2026

Los racionamientos de agua no son un fenómeno nuevo en Puerto Rico. En las últimas décadas, la isla ha enfrentado episodios de restricciones al servicio durante la histórica sequía de 1994-1995, así como en 2015, 2019 y 2020. Mientras los eventos de 1994-1995 y 2015 afectaron a cientos de miles de abonados, los de 2019 y 2020 fueron más focalizados y respondieron a la sequía que impactó distintos sistemas de abasto en varias regiones del país.

El informe «Borrador Final del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático» —elaborado por el CEACC bajo la Ley 33-2019— documenta que la sequía de 2015-2016 fue la más extrema registrada, pero que los últimos tres años (hasta 2024) también fueron más secos de lo normal, y anticipa que «los episodios de sequía y de precipitación extrema serán aún más frecuentes en el futuro» para el Caribe y Puerto Rico.

Aunque el Senado aprobó una versión enmendada del plan de sequía —que originalmente incluía 57 cursos de acción preparados en 2023 a solicitud del entonces gobernador Pedro Pierluisi—, la medida permanece estancada en la Cámara de Representantes.

El agravante de 2026: la crisis energética

A diferencia de la sequía de 2015, la de 2026 coincide con una crisis eléctrica activa en la isla. Buena parte del sistema de bombeo de agua depende de electricidad, por lo que los apagones —que afectaron a cerca de 300,000 a 370,000 abonados en una sola noche a finales de julio— agravan directamente la crisis de agua: sin electricidad, las bombas no pueden extraer ni distribuir agua con normalidad.

Según el Monitor de Sequía de Estados Unidos, para el 7 de agosto de 2026 cerca del 36% de Puerto Rico enfrentaba sequía severa y otro 32% sequía moderada. Julio de 2026 fue el mes de julio más seco en San Juan en más de 120 años y el segundo más caluroso registrado, según reportó CBS News.

El costo económico ya es medible

El Centro Unido de Detallistas estimó que las interrupciones y el racionamiento de agua provocan pérdidas de entre $18 millones y $20 millones diarios para los comercios afectados. En el sector turístico, la Asociación de Hoteles y Turismo informó que múltiples hospederías tuvieron que recurrir a camiones cisterna y otras medidas extraordinarias para mantener sus operaciones, mientras la Compañía de Turismo coordinó la distribución de más de 650,000 galones de agua para asistir a hoteles impactados.