Radican demanda enmendada por muerte de Shannel Colón Ponce bajo custodia de Corrección

Bayamón – La familia de Shannel Colón Ponce radicó una segunda demanda civil enmendada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón por su muerte el 2 de junio de 2022 mientras estaba bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

La demanda, presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico y los abogados José Rodríguez y Wanda Valentín, incluye nueve nuevos demandados en su carácter oficial y personal, y reitera que la muerte fue resultado de negligencia crasa, impericia médica y violaciones de derechos.

“La muerte de Shannel fue producto de la negligencia crasa, el abuso y la violación de derechos, más allá del presunto acto de suicidio”, expresó el abogado Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico en declaraciones escritas.

Según el documento judicial, las autoridades del Centro de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón sabían desde el 6 de mayo de 2022 que Shannel tenía ideas suicidas, pero la ubicaron en un área de castigo sin vigilancia continua en lugar de una zona de prevención de suicidio. La joven de 23 años murió menos de un mes después.

El recurso legal sostiene que, aunque la causa de muerte fue catalogada como suicidio, hay testimonio de otras reclusas que apuntan a maltrato y posibles agresiones. Además, la demanda denuncia que Corrección no cumplió con su deber de protección, a pesar de una orden previa de tratamiento psicológico y psiquiátrico emitida en abril de 2022.

También se alega que el día de los hechos no hubo personal de vigilancia asignado en el área donde Shannel fue hallada, lo que contradice los protocolos establecidos por la propia institución penal. La familia reclama que se trató de una falla sistemática por parte del personal del DCR y del proveedor médico contratado, Physician Correctional.

La demanda incluye causas de acción bajo el Código Civil de 2020, la Ley 104 de Puerto Rico y la Ley Federal de Derechos Civiles de 1871. Señala además que altos funcionarios como la secretaria de Corrección, Ana Escobar, y el comisionado de la Policía, Antonio López, sabían o debieron haber sabido del cuadro clínico de la joven y la falta de preparación del personal bajo su mando.

El caso continúa su curso judicial mientras la familia exige justicia y responsabilidad por la muerte de la joven.

Segunda Demanda Enmendada