Purdue Pharma y la familia Sackler acuerdan pagar $7,400 millones por crisis de opioides

Los miembros de la familia propietaria de Purdue Pharma, fabricante del medicamento OxyContin, así como la propia compañía, han acordado pagar hasta 7,400 millones de dólares en un nuevo acuerdo para resolver demandas relacionadas con el impacto de este potente analgésico. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el acuerdo el jueves pasado.

Este convenio, aceptado por Purdue Pharma, los miembros de la familia Sackler que poseen la compañía y abogados que representan a gobiernos estatales y locales, así como a miles de víctimas de la crisis de opioides, representa un incremento de más de 1,000 millones de dólares en comparación con un compromiso anterior que fue rechazado el año pasado por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los Sackler han acordado pagar hasta 6,500 millones de dólares, mientras que Purdue aportará 900 millones, sumando un total de 7,400 millones de dólares.

Este acuerdo se encuentra entre los más significativos alcanzados en los últimos años en una serie de demandas presentadas por gobiernos locales, estatales, tribales nativos estadounidenses y otros que buscan responsabilizar a las empresas por la mortal epidemia de opioides. Además del acuerdo con Purdue, se han anunciado otros acuerdos por un valor aproximado de 50,000 millones de dólares, la mayor parte de los cuales se destinará a mitigar la crisis.

El acuerdo aún necesita la aprobación del tribunal, y algunos detalles permanecen por definirse.

La fiscal general James ha contado con el apoyo de sus homólogos de los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Massachusetts, Oregon, Pensilvania, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia y Virginia Occidental para alcanzar este acuerdo.

Según la nueva propuesta, los miembros de la familia Sackler que son propietarios de Purdue pagarán hasta 7,400 millones de dólares durante 15 años y renunciarán a la propiedad de Purdue, que se convertirá en una nueva entidad cuya junta directiva será nombrada por los estados y otros demandantes de la compañía. Parte del dinero también se destinará a las víctimas de la crisis de opioides o a sus sobrevivientes.

La contribución de la familia será mayor que los 6,000 millones de dólares acordados en la versión anterior. La Corte Suprema bloqueó el acuerdo el año pasado porque otorgaba protección a los miembros de la adinerada familia contra demandas civiles relacionadas con el medicamento OxyContin, a pesar de que los Sackler no estaban en bancarrota. El nuevo acuerdo protege a la familia únicamente contra demandas de entidades que acepten el acuerdo.

Desde la emisión del fallo de la corte, se han llevado a cabo mediaciones en busca de un nuevo convenio. Si no se logra un acuerdo, esto podría abrir la puerta a demandas contra miembros de la familia Sackler.

El nuevo convenio podría marcar el cierre de un capítulo en una larga saga legal sobre el impacto de la crisis de opioides, que, según algunos expertos, comenzó con la llegada al mercado del exitoso analgésico OxyContin en 1996. Desde entonces, los opioides han sido vinculados a cientos de miles de muertes en Estados Unidos, con un período particularmente mortal a partir de 2020, cuando se descubrió que el fentanilo ilícito había contribuido a más de 70,000 muertes anuales.

Los miembros de la familia Sackler han sido considerados villanos en esta crisis, y su nombre ha sido eliminado de galerías de arte y universidades en todo el mundo debido a su papel en la compañía. Ellos han negado de manera continua las acusaciones de haber cometido cualquier acto ilícito.

Se estima que, colectivamente, los miembros de la familia poseen un patrimonio neto que supera los miles de millones de dólares que acordaron aportar, aunque gran parte de su riqueza está ubicada en cuentas en el extranjero y podría resultar imposible acceder a ella a través de demandas.

Purdue buscó protección por quiebra en 2019 mientras enfrentaba miles de demandas por la crisis de opioides. Una de las acusaciones sostiene que la compañía enviaba mensajes a los médicos afirmando que el riesgo de adicción al potente analgésico era bajo.

En una presentación de octubre de 2024, un grupo de la familia se comprometió a defenderse en cualquier caso que se permita avanzar, afirmando que la teoría legal que fundamenta las demandas, según la cual Purdue y los miembros de la familia Sackler crearon un “perjuicio público”, “carece completamente de méritos”.