Puerto Rico protesta contra redadas migratorias y exige fin de colaboración con ICE

San Juan – Cientos de personas se congregaron este sábado en el Viejo San Juan para denunciar las redadas migratorias promovidas por el gobierno de Estados Unidos y exigir que la Administración de Jenniffer González detenga su colaboración con las autoridades federales de inmigración.

Bajo el lema «Puerto Rico es tierra de migrantes», la manifestación fue organizada por el Frente contra las Políticas Migratorias del Presidente Trump, como parte de las movilizaciones “No Kings Day” que se realizan en distintas ciudades de Estados Unidos.

Los participantes marcharon por la calle Fortaleza, frente a la sede del Ejecutivo, portando banderas de Puerto Rico, República Dominicana y Palestina, y coreando consignas como “Lucha sí, entrega no”, “No a la deportación, sí a la integración” y “Jenniffer escucha, estamos en la lucha”.

Uno de los reclamos principales fue la denuncia de que el Gobierno puertorriqueño ha entregado al ICE información confidencial de más de 6,000 personas inmigrantes, incluyendo datos de licencias de conducir. Según cifras oficiales, en lo que va de 2025, se han realizado al menos 568 detenciones migratorias en la isla, a un ritmo de casi 100 al mes.

Durante el acto, Nilmaris Díaz, miembro de la Colectiva Feminista en Construcción e hija de inmigrantes dominicanos, afirmó que estas redadas tienen un componente racista.

“Acechan a haitianos, dominicanos, personas negras nacidas aquí. Es una política de violencia racial”, expresó Díaz, añadiendo que “las personas migrantes trabajan, construyen, alimentan y sudan este país”.

También Romelinda Grullón, directora del Centro de la Mujer Dominicana, denunció que los operativos han generado una “crisis humanitaria”, al provocar que muchos migrantes eviten incluso ir al médico por miedo a ser detenidos.

El Frente exigió que el gobierno de Puerto Rico cese toda colaboración con ICE y otras agencias federales, incluyendo el intercambio de datos personales.

En respuesta a las críticas, la gobernadora Jenniffer González defendió su postura el pasado 6 de junio, afirmando que “las leyes federales de inmigración son mandatorias” y que su administración solo está cumpliendo “lo absolutamente requerido por ley”.