Proyecto de nueva ley del Poder Judicial divide a la Rama: jueces y empleados la apoyan, la jueza presidenta asegura perjudicará a ciudadanos

San Juan- Un proyecto que propone reformar desde sus cimientos la estructura del Poder Judicial de Puerto Rico tiene el respaldo de quienes trabajan dentro de los tribunales, pero enfrenta la oposición frontal de quienes lo administran — y en el centro de ese choque está la pregunta que más le importa al ciudadano: ¿los cambios harían más rápida o más lenta la justicia?

El Proyecto del Senado número 1096 busca derogar la Ley de la Judicatura vigente desde el 2003 y establecer una nueva «Ley del Poder Judicial de Puerto Rico». El proyecto cambiaría cómo se administra la Rama, eliminaría la figura del juez municipal de manera gradual y distribuiría el poder de administración entre la jueza presidenta y el pleno del Tribunal Supremo bajo un esquema de «doble delegación de poderes».

De hecho, tan reciente como el pasado 5 de junio, la Comisión de lo Jurídico del Senado rindió informe positivo aunque propuso múltiples enmiendas.

La Rama, dividida

Lo más llamativo del informe no es el proyecto en sí, sino la fractura que revela dentro de la propia Rama Judicial.

A favor del proyecto se expresaron la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, la Federación de la Magistratura y la Asociación de Empleados Judiciales — es decir, las organizaciones que representan a los jueces y juezas que trabajan en los tribunales y a los empleados del Poder Judicial. El Departamento de Justicia también evaluó la medida y sostiene que es constitucional.

En contra se posicionaron la Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, jueza presidenta del Tribunal Supremo; la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que es el brazo administrativo de la Rama; el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico; un comité de exjueces; y varios académicos del Derecho.

Se trata, en otras palabras, de una división entre quienes están en la base de la estructura judicial — jueces y empleados — y quienes la dirigen administrativamente.

Lo que cambiaría para el ciudadano

Los cambios del proyecto tendrían consecuencias concretas para cualquier persona que tenga un caso en los tribunales o que necesite servicios judiciales.

El más visible a corto plazo sería la eliminación gradual de los jueces municipales. El proyecto no los despide de inmediato, sino que dispone que, conforme vayan venciendo sus nombramientos, no serán reemplazados en esa categoría sino convertidos en jueces superiores de Primera Instancia. Los jueces municipales son quienes atienden casos de menor cuantía, infracciones de tránsito, órdenes de protección y disputas vecinales, entre otros. La eliminación de esta figura podría concentrar esa carga de trabajo en los jueces de Primera Instancia, aunque el proyecto no detalla explícitamente cómo se gestionaría esa transición en los tribunales de menor escala.

El otro cambio mayor —y el más debatido— es el modelo de «coadministración» aunque el proyecto enmendó este término para llamarlo «doble delegación de poderes». Hoy, la jueza presidenta tiene la autoridad ejecutiva sobre la administración diaria del sistema judicial. El proyecto propone que esa autoridad sea compartida con el pleno del Tribunal Supremo. Los que lo apoyan argumentan que ese cambio distribuye el poder y crea más controles institucionales. Los que se oponen advierten que haría más lento todo o que dicho cambio sería inconstitucional.

La advertencia más directa: procesos más lentos

La jueza presidenta Oronoz Rodríguez ha sido la voz más fuerte contra el proyecto y sus expresiones más directas las ofreció en entrevista a Metro Puerto Rico, recogida en el informe de la Comisión.

En esa conversación con la periodista Aiola Virella, la jueza presidenta advirtió sin rodeos que el proyecto «va a burocratizar los procesos, dilatar las resoluciones… y va a ser mucho más ineficiente el proceso de administración». Esa advertencia tendría un peso directo para el ciudadano: dilatar las resoluciones significa casos que tardarían más en resolverse.

Su argumento técnico es que la «línea directa de mando» que existe hoy «es mucho más eficiente, es mucho más rápido la reacción» ante situaciones urgentes — como ajustes operacionales en momentos de emergencia. «Este andamiaje administrativo… permite esos ajustes inmediatos», dijo. Bajo el modelo de coadministración, esas decisiones tendrían que pasar por más instancias.

También señaló a Metro, que en la Asamblea Constituyente se rechazó en tres ocasiones distintas el modelo de administración colegiada que este proyecto pretende instaurar. Y cuestionó la premisa misma de la reforma: «¿qué se busca mejorar con el proyecto?» — planteando que los objetivos podrían alcanzarse «mediante mecanismos menos disruptivos que una reforma legislativa integral». Su defensa del statu quo fue contundente: «el Poder Judicial funciona y funciona bien».

El argumento a favor

El informe recoge un resumen de los argumentos de las organizaciones que endosaron el proyecto. La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura expresó que «resulta más conveniente que la administración de la justicia esté integrada por el componente colegiado del Tribunal Supremo, ya que ello fortalece la pluralidad, la deliberación democrática y la legitimidad institucional de las decisiones administrativas». Otra organización que avaló la medida fue la Asociación de Empleados Judiciales. Sus planteamientos giraron en torno a lo llamaron «deficiencias en la transparencia y percepciones de arbitrariedad en la toma de decisiones administrativas dentro del Poder Judicial, particularmente en asuntos relacionados con personal, ascensos, traslados y condiciones de empleo».

Entre las enmiendas que la propia Comisión incorporó antes de rendir el informe estuvieron la eliminación del Patronato del Poder Judicial — un mecanismo para recibir fondos privados que generó controversia —, la fijación de cinco años de experiencia como requisito para ser juez de Primera Instancia, y aclaraciones sobre la compensación de jueces en designaciones especiales.

El impacto fiscal del proyecto se estima en entre $500,000 y $583,734 anuales hasta el año fiscal 2031, asociado principalmente a la conversión gradual de jueces municipales a superiores.

Como parte de su análisis, la Comisión concluyó que la medida es constitucional y que el Poder Legislativo tiene la facultad legítima de estructurar el sistema judicial. El ente legislativo también reconoció que existen «objeciones serias» a los cambios propuestos. Por ejemplo, el profesor de derecho constitucional de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos González, manifestó sus preocupaciones en torno a las implicaciones que tendría la propuesta de ley para la separación de poderes y la independencia judicial. Lo irónico si esta medida se convierte en ley y alguien reta su constitucionalidad, la última palabra la tendrá el propio Tribunal Supremo. El tiempo dirá.