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Martes, 20 de octubre de 2026
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Productores de destilados locales respaldan al Departamento de Hacienda y acusan a importadores de intentar frenar la competencia

Hacienda solicitó al tribunal la desestimación de la demanda de ADEBA, alegando que no existe perjuicio legal ni afectación al mercado.

Tatiana Matos Veloz

· 1 min de lectura

Productores de destilados locales respaldan al Departamento de Hacienda y acusan a importadores de intentar frenar la competencia

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San Juan- Productores y empresarios de la industria de destilados artesanales de Puerto Rico expresaron este miércoles su apoyo a la moción de desestimación presentada por el Estado Libre Asociado y el Departamento de Hacienda en el caso ADEBA, Inc. v. Departamento de Hacienda, al tiempo que acusaron a los importadores de intentar eliminar la competencia local.

“La demanda de ADEBA busca invalidar el Reglamento 9309-2021, una medida esencial para el surgimiento y fortalecimiento de la destilación artesanal en la isla”, afirmó Carlos López, productor de Bravada Vodka.

Según López, la reglamentación “establece reglas claras y transparentes” que permiten a pequeños productores competir en igualdad de condiciones, fomentando el emprendimiento, la innovación y la calidad de los productos puertorriqueños.

El Reglamento 9309-2021, aprobado por el Departamento de Hacienda, regula la operación de la industria local de destilados y ha impulsado la expansión de microdestilerías con impacto económico, turístico y cultural en distintas regiones del país.

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Por su parte, Edwin Pérez, presidente de Puerto Rico Supplies Group, sostuvo que “no se puede eliminar la competencia tratando de derogar reglamentos y poniéndole escollos a la industria local”. Añadió que el público ha acogido los productos nacionales por su calidad y autenticidad.

En la moción de desestimación presentada ante el tribunal, el Departamento de Hacienda argumentó que ADEBA carece de legitimación activa y no ha demostrado perjuicio alguno tras la aprobación del reglamento. La agencia insistió en que el mercado no ha sido afectado y que el aumento en la competencia no constituye un daño legalmente reconocido.

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