Operativo de ICE en Barrio Obrero: Detenciones de Inmigrantes en Puerto Rico

En una tarde de domingo cualquiera, Neuri compartía con su hermano, quien había venido a visitarlo desde la vecina República Dominicana. Juan, por su parte, había salido de su casa para comprar el aguacate que acompañaría el sancocho que su esposa preparaba en el hogar, mientras Fermín conversaba con amigos frente a uno de los negocios ubicados en la avenida Borinquen, en Barrio Obrero, cerca de la avenida Constitución en San Juan.

Sin embargo, la tarde tomó un giro drástico para los tres inmigrantes dominicanos residentes en Puerto Rico cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llegaron a la zona y los detuvieron como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que ha reforzado las restricciones y revertido protecciones a los inmigrantes.

«Estoy desesperada. No sé a quién preguntar, no sé a dónde ir, no sé qué hacer», relató Iris Lázaro Rivera, esposa de Juan, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. «Él salió a comprar un aguacate».

El Nuevo Día presenció la detención de al menos tres personas dominicanas, mientras los agentes hacían preguntas y entrevistaban, de forma aleatoria, a quienes se encontraban frente a varios establecimientos que son puntos de encuentro, principalmente, de la comunidad dominicana en Puerto Rico, en busca de corroborar su estatus migratorio.

Al confirmar el operativo en respuesta a la nueva política de Trump, el ICE defendió, en declaraciones escritas, que la agencia «desempeña un papel crucial en la identificación y detención de personas que representan una amenaza». «La aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación tiene una importancia crítica para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos», indicó la agencia, que no proporcionó un portavoz disponible para ofrecer detalles sobre la intervención. Tampoco se ofreció una cifra oficial de detenidos.

La ofensiva, sin embargo, era considerada injustificable para los familiares y amigos de los detenidos, quienes, hasta el momento de la entrevista, no tenían información sobre a dónde exactamente los llevarían, cuáles serían los próximos pasos o cuándo podrían verlos.

«Si fuera un delincuente, yo te digo, yo misma diría ‘sí, qué bueno que lo arrestaron’, pero es una persona sumamente trabajadora», continuó Iris, de 50 años, incrédula ante lo que había sucedido. «Una persona que está comprando un aguacate porque su esposa le está haciendo un sancocho, es innecesario (el arresto), no veo razón para ello», sostuvo.

El operativo ocurre apenas seis días después del regreso de Trump a la presidencia estadounidense y luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón expresara, en una entrevista con Telemundo, dirigiéndose particularmente a la comunidad dominicana en la isla, que podían «estar tranquilos», puesto que, según ella, las políticas del mandatario republicano estaban enfocadas en la frontera de Estados Unidos con México y el cruce de inmigrantes en esa región, no en Puerto Rico.

El Nuevo Día solicitó comentarios de la gobernadora sobre el operativo que presenció este medio, pero la primera ejecutiva –que ha estado fuera del país desde el 17 de enero- no estuvo disponible. En su lugar, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, indicó que las autoridades locales fueron informadas por sus pares federales sobre la intervención, pero que no cooperaban con el proceso. Asimismo, alegó –sin ofrecer datos específicos- que las personas detenidas supuestamente tenían historial delictivo.

«Se nos ha informado que varias de las personas objeto de este operativo son criminales convictos o personas que son objeto de una investigación federal en curso», dijo por escrito.

«Para los que no son personas con un historial criminal, la administración de la gobernadora Jenniffer González estará trabajando con la administración del presidente Trump en la búsqueda de medidas para facilitar la integración de personas con estatus migratorio no definido a la comunidad estadounidense, como son las visas de trabajo», añadió.

Sin embargo, el testimonio de los allegados a los detenidos se distancia de la versión que dice haber recibido la administración de González. «Mi esposo está en un proceso migratorio, mi esposo paga el IRS (en referencia a impuestos federales), tiene licencia, cumple con todos los requisitos», relató Cinthia Paniagua, esposa de Neuri. La mujer, quien es puertorriqueña, compartió que su compañero ha vivido en Puerto Rico durante 20 años, de los cuales 17 los ha compartido con ella. Se casaron en 2019.

El hombre apenas pudo llamarla por teléfono para pedirle que le enviara fotos de documentos relacionados con su estatus migratorio, mientras era entrevistado por los agentes federales. Cinthia, quien se encontraba en la casa, apenas pudo reaccionar.

«Le envié los documentos. Él me llama y me dice ‘ven, porque esto está como algo raro'», relató. Al llegar, Neuri ya había sido detenido. «Yo soy una paciente diabética, alta presión, hipotiroidismo, sufro un montón de condiciones, y quien me cuida es él. Ahora mismo, él tuvo un accidente, nosotros nos estamos cuidando mutuamente», expresó.

De la misma manera, Fermín fue detenido antes de que pudieran entregarle sus documentos migratorios. Con los papeles en mano, María Cristina Infante, comerciante y amiga del detenido, explicó luego que, para la comunidad, es común guardar este tipo de información en la casa por razones de seguridad.

«Ese señor ha trabajado aquí toda una vida. Ese señor tiene más de 30 años aquí, entonces, también se están llevando personas que tienen documentos, y eso es una injusticia», subrayó, mientras sostenía en sus manos la evidencia que no pudo entregarle a tiempo a Fermín, antes de ser arrestado.

Ante lo ocurrido, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, se solidarizó con las familias afectadas y ordenó a la Oficina de Ayuda al Inmigrante disponer «de los recursos necesarios para maximizar nuestros esfuerzos» y enfatizó que «ni la Policía Municipal, ni ninguna entidad gubernamental bajo la jurisdicción del Municipio de San Juan están colaborando ni participando, ni apoyando en estos operativos de forma alguna».

«Reitero nuestro compromiso de actuar con compasión, responsabilidad y firmeza en defensa de quienes enfrentan momentos de incertidumbre», sostuvo Romero.

Mientras tanto, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, recalcó que procurará, en su gestión oficial en la capital federal, que se respeten los derechos de la comunidad inmigrante en Puerto Rico. «Todas las personas, incluyendo los inmigrantes indocumentados, tienen derechos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aseguraré que estos derechos sean respetados, y utilizaré la autoridad dentro del Comité de Seguridad Interna, que supervisa a ICE, para garantizar que no se violen», manifestó por escrito.