LUMA insiste en que disputa por su contrato debe verse en el Tribunal Federal

San Juan- El consorcio LUMA Energy, LLC reiteró en la noche del martes que cualquier controversia relacionada con la cancelación de su contrato debe ser atendida por el Tribunal Federal, luego de que el Gobierno de Puerto Rico presentara un recurso de sentencia declaratoria ante el Tribunal Superior de San Juan para impugnar la vigencia del acuerdo.

“Una vez que este nuevo documento sea recibido formalmente, nuestro equipo legal lo revisará y responderá a través de los canales legales correspondientes, guiados por el mejor interés de nuestros clientes”, expresó LUMA en declaraciones escritas.

Más temprano, la administración de la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón acudió al foro estatal solicitando que se declare nula, inválida y sin efecto jurídico la llamada Carta de Extensión del 30 de noviembre de 2022, mediante la cual se intentó extender indefinidamente el contrato interino de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

“Estamos conscientes de que van a buscar seguir atrasando los procesos para no ser responsables de lo que el gobierno de Puerto Rico le ha venido pagando por todo este tiempo. Pero estamos listos. Sabíamos que esto venía, tiene dos demandas primeras y ahora tiene una demanda del gobierno per se”, sostuvo la gobernadora en conferencia de prensa, al advertir que el Ejecutivo también cuenta con múltiples recursos legales preparados.

En el escrito judicial, el Gobierno actúa en su carácter de parens patriae, es decir, como representante del interés público y protector de la ciudadanía, y no únicamente como parte contractual afectada. Solicita al Tribunal que declare que el Supplemental Agreement y el T&D OMA quedaron automáticamente terminados el 30 de noviembre de 2022, al expirar el periodo interino de dieciocho meses sin una extensión válida conforme a ley.

Asimismo, el Gobierno reclama que, aun de declararse terminado el contrato, LUMA mantiene la obligación de colaborar en una transición ordenada, incluyendo la entrega de datos operacionales, expedientes, sistemas y coordinación de personal, tal como dispone el propio acuerdo contractual.

Entre los argumentos centrales, la administración González Colón sostiene que la Carta de Extensión es contraria a derecho, al haber eliminado ilegalmente el término fijo de dieciocho meses y sustituirlo por un plazo indefinido sujeto al arbitrio exclusivo de LUMA. Según el recurso, la extensión viola la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29), la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico (Ley 120) y el Código Civil.

El Gobierno también argumenta que la Carta nunca fue aprobada válidamente por la Junta de la APP, careció del voto afirmativo de los representantes del interés público, no obtuvo el Certificado de Cumplimiento Energético del Negociado de Energía, ni fue sometida a la aprobación legislativa ni al aval de la Gobernadora, como exige la ley.

Además, el Ejecutivo plantea que la Carta-Extensión constituye un acto ultra vires, al exceder la autoridad delegada a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y a la Autoridad de Energía Eléctrica, comprometer fondos públicos sin métricas de desempeño y perpetuar un esquema contractual más oneroso y sin controles adecuados.

Según el recurso, mantener a LUMA operando bajo un acuerdo indefinido ha contribuido a un servicio eléctrico deficiente que pone en riesgo la salud, la seguridad pública y la estabilidad económica del país, en un contexto oficialmente reconocido de emergencia energética.