Hombre acusado por conspiración para distribuir fentanilo y cocaína en Aguadilla

AGUADILLA – En una acción decisiva contra el narcotráfico en Puerto Rico, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico presentó cargos formales contra Carlos Guerra Colón por conspirar para distribuir fentanilo y por posesión con intención de distribución de cocaína. La acusación surge luego de una intervención ocurrida el 18 de marzo en la oficina postal principal de Aguadilla.

El caso fue confirmado por el fiscal federal W. Stephen Muldrow, quien enfatizó que “eliminar las redes de tráfico de drogas es un componente esencial en nuestra lucha contra la crisis del fentanilo, con el objetivo de salvar vidas y proteger a nuestras comunidades”.

Según los documentos presentados ante el tribunal, Guerra Colón fue detenido por agentes del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS, por sus siglas en inglés) justo después de que recogiera un paquete que contenía aproximadamente 2.365 kilogramos de fentanilo. Durante el arresto, los agentes también incautaron 24 bolsas tipo “zip lock” con cocaína que se encontraban en su automóvil.

Michael Miranda, agente especial a cargo de la División del Caribe de la Administración Federal Antidrogas (DEA), expresó con firmeza: “El fentanilo es una amenaza mortal disfrazada de droga. No discrimina a quién afecta y está causando estragos en familias de todo el país. La DEA continuará persiguiendo a quienes trafican con esta sustancia, desmantelando redes delictivas y aplicando la ley con rigurosidad para salvaguardar nuestras comunidades”.

De ser declarado culpable, Guerra Colón enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión, con posibilidad de condena a cadena perpetua. La pena específica será determinada por un juez federal que evaluará las directrices de sentencia de Estados Unidos junto con otros factores legales relevantes.

La investigación está en manos de la DEA en conjunto con el USPIS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Policía de Puerto Rico.

Este caso forma parte de la iniciativa federal «Operation Take Back America», un esfuerzo estratégico multidisciplinario cuyo objetivo es desarticular organizaciones criminales transnacionales, reducir la violencia y proteger la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio estadounidense.