Hermanos de representante Georgie Navarro enfrentan acusaciones federales

SAN JUAN — Un escándalo de alto perfil sacude a Puerto Rico: las autoridades federales han presentado cargos formales por fraude con fondos federales, soborno bancario y lavado de dinero contra los hermanos del legislador Georgie Navarro, junto a un contador público autorizado y cuatro empresas privadas.

Así lo anunció este jueves el fiscal federal W. Stephen Muldrow, quien ofreció detalles de la investigación durante una conferencia de prensa.

“La intención de los programas de asistencia durante la pandemia era apoyar a pequeñas empresas en crisis, no permitir el enriquecimiento ilícito a costa de los contribuyentes”, indicó Muldrow al referirse al caso.

Los acusados, identificados como Edgardo Navarro Suárez y Ricardo Luis Navarro Suárez, junto al contador Ramón Valentín Montalvo, presuntamente idearon un complejo esquema para defraudar tanto a la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) como a una entidad bancaria local, identificada como Banco 1.

La acusación también incluye a cuatro entidades corporativas: JCA Development Inc., JCA Packaging Group Inc., RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply Corp.

Según el expediente federal, los acusados habrían presentado de manera fraudulenta un total de 26 solicitudes de préstamos a través de los programas EIDL y PPP, creados para mitigar el impacto económico del COVID-19. El monto total solicitado fue de 2,238,747 dólares.

Además, se alega que los implicados ofrecieron al menos 69,500 dólares en sobornos a un empleado del Banco 1, con el objetivo de facilitar y asegurar la aprobación y desembolso de los fondos federales. Parte considerable de ese dinero fue posteriormente utilizado para la adquisición de propiedades, de acuerdo con la investigación.

Las pesquisas estuvieron a cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General de la SBA. Como parte del proceso, las autoridades solicitaron la confiscación de tres propiedades localizadas en los municipios de Caguas y Humacao.

Las consecuencias legales podrían ser severas: los sospechosos enfrentan penas de hasta 30 años de prisión por los delitos de fraude bancario y soborno, y hasta 20 años adicionales por cargos relacionados al lavado de dinero.

La vista inicial del caso se llevará a cabo hoy ante la jueza federal Giselle López-Soler, marcando el inicio del proceso judicial contra estas personas y entidades.