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Martes, 20 de octubre de 2026
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Escambrón Unido recurre al Tribunal Supremo para frenar proyecto residencial en zona costera de San Juan

El colectivo denuncia que la autorización se otorgó sin una Declaración de Impacto Ambiental ni vistas públicas, lo que viola leyes y reglamentos ambientales.

Tatiana Matos Veloz

· 1 min de lectura

Escambrón Unido recurre al Tribunal Supremo para frenar proyecto residencial en zona costera de San Juan

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San Juan– La alianza comunitaria Escambrón Unido informó este miércoles que presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para detener un proyecto residencial y comercial que impactaría el Balneario del Escambrón, el Parque Sixto Escobar, el Parque del Tercer Milenio y las playas La 8, La 9 y La 10.

El recurso surge tras la desestimación del caso en el Tribunal de Apelaciones y busca que el Supremo revise la aprobación otorgada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a la consulta de ubicación del proyecto.

Argumentos de la comunidad

  • El colectivo denuncia que la autorización se otorgó sin una Declaración de Impacto Ambiental ni vistas públicas, lo que viola leyes y reglamentos ambientales.

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  • Alegan que la construcción incluiría nuevas estructuras en la zona marítimo-terrestre, un estacionamiento dentro del Parque Sixto Escobar y la reubicación del sistema de bombeo de aguas usadas del Viejo San Juan.

  • Sostienen que el caso brinda al Supremo la oportunidad de aclarar la legitimación ciudadana en procesos de ordenamiento territorial.

“Nadie tiene un interés más genuino que quienes día a día disfrutan, utilizan y defienden este espacio natural”, afirmó Lilia Tirado, portavoz de Escambrón Unido.

El escrito fue radicado con el respaldo de nueve interventores y el apoyo de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la UPR.

Un reclamo por la participación ciudadana

Para el colectivo, la defensa del Escambrón es un asunto de justicia ambiental y democracia participativa.

“En una democracia, la participación ciudadana no puede ser un mero trámite ni un gesto simbólico. Es la base de la legitimidad y la justicia en las decisiones públicas”, sostuvo Gradissa Fernández, portavoz de la alianza.

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