Desarticulan esquema de fraude bancario por más de 7 millones en Ponce; arrestan a empresario y acusan a negocio local

En una operación liderada por autoridades federales, un residente de Ponce fue arrestado esta semana por su implicación en un sofisticado esquema de fraude bancario y lavado de dinero que involucró a un negocio local. Las autoridades federales han confirmado que la empresa Rossy Sport Bar Panorámico, LLC también enfrenta cargos por su participación en las operaciones ilícitas.

Melvin Rivera Oliveras, de 40 años, fue detenido el martes acusado de idear y ejecutar un método complejo para defraudar instituciones financieras y comercios, según informaciones del fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow. De acuerdo con documentos presentados ante el tribunal, entre los años 2020 y 2022, Rivera Oliveras utilizó múltiples tarjetas de débito vinculadas a establecimientos bajo su control para generar reembolsos ficticios.

Para facilitar el fraude, adquirió sistemas de punto de venta (POS) desde los cuales procesó transacciones inexistentes, accediendo temporalmente a los fondos y generando pérdidas millonarias. Uno de los episodios más significativos del caso ocurrió en julio de 2022, cuando el acusado presuntamente intentó obtener más de $270,000 mediante tarjetas asociadas a Rossy Sport Bar Panorámico. El dinero fue depositado en una cuenta bancaria a nombre de la empresa, ahora también bajo acusación formal.

“Estos actos delictivos no solo comprometen la estabilidad financiera, sino que erosionan la confianza pública en el sistema bancario», advirtió Devin Kowalski, agente especial interino a cargo del FBI en San Juan. «Este tipo de fraude tiene repercusiones profundas en la economía y no puede ser tolerado.»

Las investigaciones revelaron que Rivera Oliveras utilizó las ganancias obtenidas de manera fraudulenta para adquirir varios vehículos, incluyendo un Cadillac CTS, una Ford Transit Connect XL y un Mercedes-Benz Clase C. También realizó múltiples transacciones bancarias superiores a los $10,000, acciones compatibles con procesos de lavado de activos.

La Fiscalía ha indicado que, de ser encontrado culpable, Rivera Oliveras podría enfrentar hasta 30 años de cárcel por fraude bancario y electrónico, además de una sentencia adicional de hasta 10 años por el delito de lavado de dinero. La pena final será determinada por un juez federal.

El proceso judicial está siendo liderado por Marie Christine Amy, fiscal asignada a la Sección de Fraude Financiero y Corrupción Pública, mientras que la investigación continúa bajo la dirección del Negociado Federal de Investigaciones (FBI). Es importante recordar que una acusación formal no equivale a una condena. Todo imputado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.