Denuncian posibles ejecuciones extrajudiciales en ofensiva antidrogas de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico

Bogotá- Amnistía Internacional (AI) advirtió que la ofensiva antidrogas liderada por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico podría estar generando ejecuciones extrajudiciales sin supervisión independiente, debido a la falta de transparencia sobre más de 80 muertes reportadas en estas operaciones. La directora adjunta de AI para Venezuela, Nastassja Rojas, señaló en entrevista con EFE que la ausencia de mecanismos civiles de verificación impide confirmar si las acciones militares cumplen con estándares internacionales de derechos humanos. “Los derechos humanos no se desactivan en alta mar, ni por tratarse de operaciones contra el narcotráfico”, afirmó.

Rojas, académica y defensora de derechos humanos con más de una década estudiando la crisis venezolana desde Colombia, insistió en que todas las acciones militares —incluidas las relacionadas al combate contra el narcotráfico— deben realizarse bajo criterios de legalidad y con total transparencia, especialmente cuando se desarrollan en aguas internacionales. Advirtió que, aunque Estados Unidos sostiene que la operación se dirige exclusivamente a organizaciones criminales, su impacto podría alcanzar a comunidades costeras, pescadores y migrantes venezolanos que utilizan rutas marítimas irregulares en medio del incremento migratorio registrado desde las elecciones presidenciales de 2024.

La directora adjunta de AI destacó que la migración venezolana por vías irregulares podría alcanzar el medio millón de personas desde julio de 2024, lo que expone a miles a ser interceptados sin protocolos claros de protección o verificación. Este fenómeno se vuelve aún más delicado ante el aumento de la presencia militar estadounidense en la región, que ha sido denunciada por los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro como una serie de ataques y ejecuciones extrajudiciales.

En los últimos meses, la Administración de Donald Trump escaló una ofensiva contra carteles latinoamericanos, a los que cataloga como terroristas y contra quienes asegura estar en “conflicto armado directo”. La operación, conocida como “Lanza del Sur” y liderada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comenzó con el despliegue de buques en el Caribe en agosto y se extendió al Pacífico con participación de fuerzas colombianas. Según AI, esta militarización, sumada a la ausencia de claridad pública, crea un entorno de alto riesgo en el que podrían estarse cometiendo violaciones graves sin documentación independiente.

Rojas también expresó preocupación por la falta de acceso a sobrevivientes. Señaló que Amnistía Internacional no logró contactar a Jeison Obando, uno de los pocos repatriados tras un ataque estadounidense, quien regresó a Colombia el pasado 18 de octubre en estado crítico, con trauma cerebral y conectado a un ventilador, según detalló en ese momento el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti.

A esta situación se sumó la llegada reciente del portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota estadounidense, lo que incrementa la tensión regional. “Nuestra misión es evitar que se sigan cometiendo ejecuciones”, sostuvo Rojas, haciendo un llamado a que Estados Unidos proporcione claridad y permita un monitoreo independiente de sus operaciones militares en aguas del Caribe y el Pacífico.