Advierten impacto en más de 54 mil familias en Puerto Rico por propuestas federales de vivienda
Un líder comunitario advirtió que propuestas federales de vivienda podrían impactar a decenas de miles de familias en Puerto Rico.
Tatiana Matos Veloz
· 1 min de lectura

San Juan- El líder comunitario del residencial Luis Lloréns Torres y miembro de la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico, Jeffrey Rivera Sanabria, alertó sobre el posible impacto en miles de familias de propuestas federales relacionadas con programas de vivienda pública y subsidios de alquiler.
Rivera Sanabria señaló que las iniciativas presentadas por la administración del presidente Donald Trump y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) contemplan recortes presupuestarios, cambios en los requisitos para conservar subsidios de vivienda y modificaciones al programa de asistencia de alquiler conocido como Sección 8.
Entre las medidas discutidas se encuentra un recorte de 33 mil millones de dólares al presupuesto de HUD, equivalente a una reducción aproximada de 44 por ciento en comparación con el año fiscal 2025.
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El líder comunitario sostuvo que los cambios también incluirían un límite de dos años para conservar el subsidio de vivienda, un requisito de trabajo de 40 horas semanales para mantener la ayuda y la conversión del programa Sección 8 en subvenciones globales, lo que podría alterar su funcionamiento actual.
Rivera Sanabria advirtió que estas propuestas podrían afectar a 54,915 familias en Puerto Rico que actualmente reciben asistencia de vivienda, mientras que aproximadamente 335,000 familias residen en vivienda pública o participan del programa Sección 8 en la isla.
El líder comunitario también expresó preocupación por el impacto potencial en poblaciones vulnerables, incluyendo adultos mayores, niños, veteranos, personas con enfermedades y sobrevivientes de violencia doméstica.
El período de comentarios públicos sobre las regulaciones propuestas permanecerá abierto hasta el 21 de abril de 2026, fecha límite para que ciudadanos y organizaciones presenten sus observaciones ante el gobierno federal.
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